Aprobada Ley General de Telecomunicaciones.
El pasado viernes, 13 de
septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la Ley General de
Telecomunicaciones, remitiéndola al Senado para continuar con el trámite para
su entrada en vigor.
“APROBADA LA NUEVA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
· Fomenta
la inversión, simplifica el despliegue de redes, recupera la unidad de mercado
y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.
· Los
ciudadanos verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de
Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al
usuario.
· Se trata
de poner en agenda una nueva reforma estructural para fomentar la
competitividad, crear empleo y afianzar inversiones por parte de los operadores
de telecomunicaciones, que podrían ascender a veinticinco mil millones de euros
en los próximos años.
El
Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del
Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. La Ley actualiza la normativa
para adaptarla a los profundos avances que ha vivido el sector de las
telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo futuro de la economía
digital, que el Gobierno considera uno de los pilares económicos con más
potencial de crecimiento en España.
La nueva
Ley busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias
para el desarrollo de esta economía digital, eliminando barreras y fomentando
la competitividad y la protección del usuario. Entre las novedades, se
simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de
infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de
licencias.
Además,
la nueva Ley asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión
en redes ultrarrápidas fijas y móviles.
El
Proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve
determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los
operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de
nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los
usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de
Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al
usuario.
La nueva
Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de
Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte esencial de la
política económica. Ésta se enmarca dentro del impulso a la economía digital
que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital
para España.
Principales
modificaciones
El
Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales
en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con dos objetivos
principales:
1.
Facilitar el
despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su
cobertura.
2.
Mejorar la oferta
de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a
unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de
competencia.
La
consecución de estos dos objetivos se lleva a cabo a través de la nueva
normativa, que se basa en cuatro grandes pilares:
· Impulso a
la competencia y mejora de los servicios a los usuarios. La
competencia es un instrumento esencial para garantizar unos mejores servicios a
los usuarios finales, unos precios más ajustados y que se mantenga el esfuerzo
de inversión e innovación característicos del sector de las telecomunicaciones.
De esta manera
–
Se realizarán, de forma periódica, análisis
de los distintos mercados, lo que permitirá fijar en cada uno de ellos unas
obligaciones específicas y unas condiciones de competencia más adecuadas a la
situación real del mercado.
–
Se mejoran los derechos de los usuarios de
telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal
y la privacidad de las personas. Se precisa el régimen sancionador y se
facilita el cumplimento de las obligaciones de los operadores manteniendo los
derechos de los usuarios.
–
Se simplifica la actuación de las
Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios
de telecomunicaciones.
–
Se crea una comisión interministerial sobre
radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad
medioambiental.
–
Se refuerza la potestad inspectora y
sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información.
· Recuperación
de la unidad de mercado, de manera que los operadores de
telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en
la toda la geografía española. Mediante esta actuación se complementa y
refuerza la ley de garantía de unidad de mercado desde la legislación
sectorial. Como principales medidas figuran las siguientes:
– Se
diseñan nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que se facilite el
despliegue de redes de telecomunicaciones.
–
Se establecen requisitos técnicos comunes
para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos de emisión y
exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.
· Simplificación
administrativa: se eliminarán las barreras normativas que las distintas
Administraciones imponen al despliegue de redes y la prestación de servicios de
telecomunicaciones.
–
Se simplifican los procedimientos
administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico.
–
Se suprimen las licencias urbanísticas y
medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio
privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.
· Facilitar
el despliegue de redes: reducir los costes de manera
que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y dispongan de
mayor margen para trasladar a los precios finales dicha reducción de costes.
– Se
facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los
edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a poder acceder a
las redes ultrarrápidas, lo que implica que, si un residente desea contratar
servicios de redes ultrarrápidas, la comunidad de vecinos deberá permitir el
despliegue necesario para proporcionar ese servicio.
–
Para desplegar las nuevas redes de
telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones,
conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de
operadores privados.
Otras
modificaciones
La nueva
Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros
textos legales como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, del 11 de julio de 2002, introduciendo precisiones sobre
las "cookies". En este apartado, se clarifican las obligaciones y los
responsables de su correcta gestión, como, por ejemplo, las redes publicitarias
o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador
del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del
consentimiento del usuario.
El texto
cambia, a su vez, la Ley de firma electrónica, del 19 de diciembre de 2003, de
forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a
tener una duración de cinco años y no de dos años como hasta ahora.
Impacto
en la economía
Según un
informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información, el sector TIC y de contenidos digitales facturó en España
100.828 millones de euros en 2011, con una inversión realizada por parte de las
empresas del sector de 17.877 millones de euros. Más de 444.600 personas
trabajaban en este sector en 2011.
Según
datos de 2012, el sector de las telecomunicaciones, que da empleo directo a
66.847 trabajadores, alcanzó una facturación de 35.228 millones de euros, lo que
representa un 3,5 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en
ese período superó los cuatro mil millones de euros.
Según la
Comisión Europea, en este momento en Europa existe una necesidad de inversión
de más de doscientos mil millones de euros para que todos los hogares dispongan
de banda ancha ultrarrápida en 2020, objetivo recogido en la Agenda Digital
para España. En España, se calcula una necesidad de inversión de unos
veinticinco mil millones de euros.
Según
estudios de la Comisión Europea, un incremento del 10 por 100 en la penetración
de la banda ancha conlleva un crecimiento del PIB de entre el 1 por 100 y 1,5
por 100. Además, según estos estudios, duplicar la velocidad de la banda ancha
en una economía supone un incremento del 0,3 por 100 del PIB.
Este
desarrollo conllevará una creación de más de cien mil puestos de trabajo
anuales en la Unión Europea entre 2010 y 2015. Hasta 2020 se estima la creación
de unos dos millones de empleos asociados a la innovación en servicios.”
Pueden
disponer de más información sobre la tramitación del Proyecto de Ley General de
Telecomunicaciones en el siguiente enlace.